¿LA GRAN BURBUJA?

 

Conforme se acercan las elecciones autonómicas, municipales y generales, asistimos al que está siendo quizás, el mayor terremoto normativo de los servicios de bomberos forestales.

En primer lugar, recordar que ya el año pasado se aprobó el Real Decreto-ley 15/2022 sobre medidas urgentes de incendios forestales. Este decreto-ley, de poco alcance realmente, establecía sin embargo lo que va a ser el escenario futuro: dispositivos durante todo el año y medios profesionales estables y permanentes.

A nivel estatal, se está trabajando a marchas forzadas en la Ley Básica de Bomberos Forestales. Su texto, en principio vago y de poco calado, podría dar un giro decisivo tras la rendición del Gobierno a la nueva realidad del sector, representado por plataformas como la PASBF alejadas de los tradicionales sindicatos amarillos. La participación de la plataforma en las negociaciones podría convertir un texto meramente posibilista en una norma solida y de obligado cumplimiento. Este documento pasaría a dar amparo normativo a las diferentes comunidades para poder implantar medidas esenciales como la jubilación anticipada, el reconocimiento de la categoría profesional, la segunda actividad, las enfermedades profesionales o el reconocimiento de la excepcional penosidad, peligrosidad y toxicidad de la profesión.

A nivel de la Comunitat Valenciana, el recorrido viene de un poco más lejos y el marco normativo es bastante complejo. En los últimos cinco años, varios acontecimientos legislativos han sido decisivos en la trayectoria del servicio. Por un lado, la aprobación del Reglamento de Bomberos Forestales, con pocos efectos prácticos, salvo consolidar funciones que ya venían recogidas en diferentes planes especiales y procedimientos de actuación. Una base sólida que de cara al futuro permitirá desarrollar todas las capacidades del servicio. Por otro, la aprobación de la enmienda de subrogación del servicio a la AVSRE, que finalmente, con la complicidad de los de siempre, terminó en una mercantil más, alejándonos del objetivo principal de pasar a lo público. Por ello, cabe señalar también a nivel legislativo la aprobación del Decreto Ley 4/2018 de creación de la SGISE. 

 

En febrero de este año, no sin cierta polémica, se ha aprobado el Decreto 13/2023 de creación de la Unidad Valenciana de Emergencias. Un armazón legislativo que trata de organizar bajo un mismo paraguas a la Agencia Valenciana de Emergencias (AVSRE), el Servicio de Bomberos Forestales, 112CV, al Centro de Coordinación de Emergencias, CNP Generalitat y Prevención de Incendios Forestales. Quizás lo más relevante de esta fórmula sea el apuntalamiento de un mando único autonómico en las emergencias, algo que por la compartimentación provincial de los SPEIS, suponía un verdadero quebradero de cabeza. Con esta creación jurídica, será más fácil movilizar medios de cualquier punto de la Comunitat desde una dirección autonómica, especialmente en materias que no son propias de los SPEIS. Algo que paradójicamente es extraordinariamente difícil, al depender en estos momentos de las centralitas de unos consorcios incapaces de movilizar ágilmente medios interprovinciales.

Por otro lado, hace apenas 10 días se aprobó por Decreto la comisión técnica que se encargará de diseñar el cuerpo único para gestionar de manera centralizada e integral las emergencias que se declaren en la Comunitat Valenciana. En seis meses tiene que presentar una propuesta de funcionamiento que integre los servicios de diferentes administraciones, incluyendo también a la Unidad Valenciana de Emergencias. Una maniobra inteligente por parte de la Consellería, que ante las voces críticas a la UVE, pasa la pelota al tejado de los Consorcios.

Y ya por último, está en la cocina el I Convenio SGISE. Un convenio que depende de un armazón legislativo tan complejo y profuso que poco margen deja para la negociación. Sometido a presupuestos, al EBEP, al TRET, a Sector Público, a Función Pública, al Reglamento, a la Ley de Emergencias, a la UVE y en breve a la Ley Básica de Bomberos Forestales. Un convenio que aspira a mejorar las condiciones laborales a nivel económico, profesional y en materia de conciliación, pero que con cada revisión de sector público, va perdiendo músculo. Por cierto, un convenio que si nadie lo remedia, se carga por completo la promoción profesional.

 

EL ALFILER

 Las elecciones están muy cerca y la burbuja normativa crece y crece, sin llegar al BOE aquellos aspectos que afectan realmente a las condiciones laborales de los bomberos y las bomberas forestales. La realidad es que a fecha de hoy, seguimos exáctamente igual que el 1 de abril de 2019: gente sin estabilizar, salarios precarios tras dos años de inflación desbocada, epis que nunca llegan, guardias abusivas y falta de personal. Mientras la Consellera de Justicia dice comisión tras comisión que todo va bien, las mejoras de los trabajadores siguen siendo virtuales, sustentadas en promesas y voluntades propiciadas por la proximidad de las elecciones. Esperemos que esta vez llegue de verdad o el truco se descubrirá antes de que acabe la función.

Por el lado de la oposición no vemos alternativa ni proyecto. Volver al antiguo modelo unificado de prevención y la extinción es no entender la complejidad del escenario actual al que se enfrenta la ciudadanía. Aunque son competencias que forman parte de una misma estrategia, la especialización profesional es totalmente distinta y sólo converge en materia forestal. El servicio de bomberos y bomberas forestales es diverso y participa en general de la emergencia en el medio rural y autonómico, ya sea de naturaleza forestal, meteorológica, sanitaria o de cualquier otra índole, tal como establece el reglamento de bomberos forestales. Gobiernos como el andaluz, con el Partido Popular al frente, han aceptado la complejidad de la emergencia climática y lejos de dar pasos atrás, están siguiendo un camino paralelo al valenciano. Este mismo mes ha aprobado la creación de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias, donde la dirección del Plan Regional de Incendios forestales y de la extinción, pasa de la Consejería de Medio Ambiente a la Consejería de Protección Civil y Emergencias y textualmente dice “deberá procurarse la incorporación progresiva del personal de intervención a la consejería competente en materia de emergencias” . Una UVE andaluza con el bombero forestal en el epicentro del servicio.

Así pues la burbuja puede pinchar. Si no se materializan cosas tan importantes como un convenio digno que mejore la vida de los bomberos sin cortapisas a su carrera profesional, o una Ley básica que reconozca derechos esenciales que ya tienen otros profesionales, el suflé se puede venir abajo.

Todo se tiene que resolver en estos meses, ya sea por las fechas electorales o por los plazos legislativos. Sorprende ver que tenemos por delante un escenario donde el engaño y la promesa gratuita va a descubrirse antes de la cita con las urnas y en medio de un verano que augura ser extraordinariamente virulento para los incendios forestales. Así que todo apunta a que tenemos que mantenernos firmes en nuestras reivindicaciones porque el viento sopla a favor. Hay gobiernos que dependen de un puñado de votos, de cuatro notas de prensa o de una marea amarilla. Hay motivos sobradamente justificados para enmendar la situación de un colectivo olvidado que está exponiéndose como nadie a la emergencia climática. Por una vez los tiempos son nuestros. Donde no han servido nuestros argumentos y razones, quizás llegue la presión de las urnas y de la calle.